El 13 de septiembre de 2022, el Consejo de Ministros de España ha aprobado el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción con el objetivo de poder contribuir a la lucha contra la corrupción transponiendo así la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE) (en lo sucesivo, Directiva Whistleblowing).