Desde el martes 21 de febrero ya está en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de denunciantes e informadores sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Con ella se traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, más conocida como Directiva Whistleblowing.
El objetivo de esta norma es garantizar una protección adecuada para aquellas personas que informen sobre acciones u omisiones que puedan constituir infracciones según lo establecido por la ley (como infracciones del derecho de la Unión Europea, infracciones penales o administrativas graves o muy graves, entre otras).
Para lograrlo, se exige a ciertos sujetos contar con un sistema interno de información (conocido como «canal de denuncias»), así como un sistema de gestión y protección para los informantes, con el fin de prevenir posibles represalias en su contra.
Entidades obligadas a tener un sistema interno de información
- Empresas de 50 o más trabajadores.
- Administraciones y entidades del sector público.
- Empresas de cualquier tamaño que operen en el mercado financiero.
- Empresas con un volumen de negocio anual igual o superior a 10 millones de euros.
- Partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones.
¿Cuál es el plazo máximo para su implantación?
El plazo máximo para el establecimiento de los sistemas internos de información (o canal de denuncias) desde su entrada en vigor el próximo 13 de marzo es de:
- 3 meses – Las Administraciones, organismos, empresas de más de 249 trabajadores y demás entidades obligadas a contar con un Sistema interno de información.
- 1 de diciembre 2023 – Las entidades jurídicas del sector privado con 249 trabajadores o menos, así como los municipios de menos de 10 mil habitantes.
Sanciones por no cumplir con la Ley
De acuerdo con la ley, se contempla un sistema de infracciones y sanciones* que considera como una falta muy grave el hecho de no cumplir con la obligación de implementar un sistema interno de información. En caso de que esto ocurra, se establecen multas que oscilan entre los 600.001 y los 1.000.000 de euros para las personas jurídicas.
*Con la última publicación en el BOE del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, se ha dado un paso fundamental para garantizar la protección de los denunciantes. Ahora, se espera el nombramiento de su titular para que la autoridad comience a ejercer sus funciones
La aprobación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, supone un avance significativo en la protección de los trabajadores que denuncian irregularidades en su entorno laboral. Aunque aún no ha entrado en vigor (lo hará el 4 de diciembre), esta ley introduce novedades relevantes en materia de protección al denunciante.
En concreto, la Disposición Adicional Tercera de esta ley amplía el ámbito de protección de las personas trabajadoras que presentan quejas o demandas contra su empleador.
Esta nueva normativa, junto con la Ley 2/23, contribuye a crear un entorno más seguro para aquellos que denuncian irregularidades y fomenta una cultura de transparencia y cumplimiento normativo en las empresas.
GlobalSuite Canal de denuncias, totalmente alineado con la nueva Ley 2/2023 de Protección del informante
Nuestro software se encuentra alineado con las exigencias de la nueva Ley 2/2023, que tiene como objetivo garantizar la protección de las personas que informan sobre irregularidades y fomentar la lucha contra la corrupción, y que traspone la Directiva (UE) 2019/1937 (más conocida como Directiva Whistleblowing).
La plataforma GlobalSuite Canal de denuncias permite a las organizaciones recibir y gestionar comunicaciones sobre las posibles infracciones normativas y de corrupción de manera confidencial y segura. Todo con un sencillo cuestionario o por teléfono en un único software.
¿Cuáles son los puntos clave que debe tener un Canal de denuncias para cumplir con la Ley?
Gracias al software de GlobalSuite Solutions cumplirás los siguientes puntos que expone la Ley:
- Accesibilidad y facilidad de uso para los denunciantes.
- Anonimato y confidencialidad asegurados.
- Protección contra posibles represalias hacia los denunciantes.
- Posibilidad de enviar denuncias de forma segura y encriptada.
- Capacidad para recibir denuncias en diferentes idiomas.
- Seguimiento y registro de las denuncias recibidas.
- Notificación de recibido y de seguimiento de la denuncia al denunciante.
- Comunicación directa y confidencial entre el denunciante y el responsable del canal de denuncias.
- Posibilidad de realizar una investigación interna a partir de la denuncia.
- Registro y documentación de las medidas tomadas para dar solución a las denuncias recibidas.
- Garantía de que el canal de denuncias no será utilizado para fines fraudulentos o con otros propósitos.
Adicionalmente, GlobalSuite Canal de Denuncias facilita la gestión y el cumplimiento de la normativa con funcionalidades añadidas como:
- Identificación de denuncias que han cumplido el plazo y notificación de estas denuncias a los gestores para otorgar un tratamiento prioritario.
- Posibilidad de anonimizar la denuncia y eliminar cualquier dato personal.
- Descarga de informes.
- Un dashboard interactivo con la información más relevante de las denuncias recibidas.
Por último, el canal de denuncias también contribuye a la promoción de una cultura ética y transparente en las organizaciones, ya que permite la difusión de información relevante sobre políticas y procedimientos internos, así como la gestión de casos de conducta inapropiada o sospechosa.
No esperes más para cumplir con la nueva Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción. ¡Solicítanos información y te ayudamos a implementar un canal de denuncias efectivo!.
