La Ley 21.595 de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente fue promulgada el 3 de febrero de 2023 y se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el 17 de febrero de 2023, entrando en vigor el 17 de agosto de 2023, seis meses después de su publicación. No obstante, las modificaciones producidas sobre la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2024.
Objetivo de la Ley 21.595: Una barrera contra los delitos económicos y ambientales
La Ley 21.595 de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, tiene como objetivo principal combatir de manera más efectiva los delitos económicos y ambientales en Chile a través de una serie de requisitos que buscan
- Prevenir la comisión de delitos, creando nuevos mecanismos de investigación, como es Fiscalía Nacional Económica, para investigar y perseguir los delitos económicos. Asimismo, se establecen mecanismos para mejorar la cooperación internacional en la investigación y persecución de los delitos económicos.
- Proteger a las víctimas. Se establece un sistema de protección para los denunciantes de delitos económicos, incluyendo medidas para mantener su seguridad y preservar su identidad.
- Fortalecer la transparencia y el buen gobierno corporativo. Se exige a las empresas que implementen medidas de prevención de delitos. Las empresas deberán implementar medidas para prevenir la comisión de delitos económicos en su seno.
- Promover la transparencia en la gestión de las empresas, lo que conllevaría a una reducción del cohecho y la corrupción en las empresas.
Novedades e impacto de la Ley 21.595 sobre la Persona Jurídica:
A continuación, se describen las principales novedades que la Ley 21.595 supone para las personas jurídicas:
- Ampliación del catálogo de delitos por el que la empresa puede ser penalmente responsable:
Se amplía a más de 200 el catálogo de los delitos por los que una persona jurídica puede ser penalmente responsable. Entre estos delitos, podemos destacar la estafa, la apropiación indebida, el lavado de activos y el cohecho.
- Aumento de las penas para la persona jurídica:
Se aumentan las multas que se pueden aplicar a las personas jurídicas por los hechos cometidos. Asimismo, se establece la posibilidad de imponer como pena, la clausura temporal o definitiva de la empresa en caso de los delitos considerados más graves por la legislación chilena.
- Mayor responsabilidad de los directivos que formen parte de la entidad:
Se establece la responsabilidad personal de los directivos por los delitos económicos cometidos por la empresa, creando la figura del «debido control» que exige a los directivos implementar medidas para prevenir la comisión de delitos.
- Nuevos mecanismos de prevención:
Se obliga a las empresas de ciertas características, a implementar un programa de prevención de delitos. Se consideran factores como el tamaño, el número de ventas anuales, si forma parte de un grupo, etc. Adicionalmente, se crea la figura del «oficial de cumplimiento» que será responsable de velar por el cumplimiento del programa de prevención que se haya implementado en la entidad.
- Protección a los denunciantes:
Se establece un sistema de protección para los empleados que denuncien delitos económicos cometidos por la empresa, prohibiendo cualquier tipo de represalia por parte de la empresa hacia los mismos por comunicar cualquier hecho, siempre que se realice de buena fe.
- Mayor transparencia y buen gobierno:
Se exige a las empresas a entregar información sobre sus programas de prevención de delitos a las autoridades.
Requisitos del modelo de prevención de delitos
El modelo de prevención de delitos debe ser idóneo, eficaz y proporcional a la naturaleza, tamaño y complejidad de la empresa.
Dicho modelo para que pueda considerarse eficazmente implementado, debe incluir, como mínimo:
- Un código de ética y buenas prácticas.
- Un sistema de gestión de riesgos.
- Un sistema de control interno.
- Un canal de denuncias.
- Un programa de capacitación para los empleados.
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